viernes, 28 de enero de 2005

Los «vuelos de la vergüenza» abandonan en la calle a inmigrantes enfermos de sida


VALENCIA. El Ayuntamiento de Valencia ha detectado un alarmante incremento en el número de inmigrantes subsaharianos en situación irregular que son trasladados desde Ceuta o Canarias en aviones fletados por el Ministerio del Interior.

Los «vuelos de la vergüenza» se oficializaron en 2002, en virtud de un acuerdo del Gobierno del PP con el de las Islas Canarias, aunque con anterioridad se venían realizando con relativa asiduidad. Sin embargo, y en lo que a Valencia se refiere, el incremento en la cadencia de estos vuelos a partir de julio del pasado año y, especialmente en el último trimestre, se ha traducido, según un informe de la Concejalía de Bienestar Social del Consistorio valenciano al que ha tenido acceso ABC, en una «llegada masiva» de inmigrantes que malviven en algunos parques de la ciudad, donde duermen bajo los puentes y subsisten gracias a la caridad.

Repatriación imposible

Fuentes de Interior cifran en 126 los aviones que llegaron a Valencia en 2004 con 1.742 «sin papeles» subsaharianos procedentes de las islas. Sólo en el segundo semestre, Valencia recibió 914 «ilegales», pese a que se fletaron nueve vuelos menos que en los primeros seis meses del año, periodo en el que Interior envió a Valencia 828 inmigrantes. En el último trimestre, llegaron a la capital de la Comunidad Valenciana 553 subsaharianos en 30 aviones.

Los «ilegales» fueron puestos en libertad «automáticamente por imposibilidad documental», es decir, por la imposibilidad de la Policía para determinar su identidad, su procedencia e iniciar los trámites para su expulsión.

Tras un paso fugaz por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia, donde se les ficha, quedan en libertad, a veces con una orden de expulsión, que en la mayoría de los casos resulta de ejecución imposible al no existir convenios de repatriación con sus países de origen, que no siempre se consigue averiguar cuáles son.

El texto critica que se justifique el traslado de estos inmigrantes a Valencia porque esta ciudad cuenta con un Centro de Internamiento de Extranjeros, cuando en realidad «no llegan a estar alojados ni un sólo día».

El informe denuncia que muchos de estos extranjeros que arriban a las costas españolas en patera y posteriormente son trasladados a Valencia sufren graves problemas sanitarios. «Se ha detectado en muchos casos la existencia de enfermedades infectocontagiosas», señala el documento, que hace expresa referencia al sida y la tuberculosis.

Pese a que los inmigrantes permanecen en los Centros de Internamiento de Canarias «aproximadamente un mes» (la ley establece un periodo máximo de cuarenta días, transcurrido el cual han de quedar en libertad si no se ha logrado su identificación), no se les realiza «ningún tipo de análisis», insiste el Ayuntamiento de Valencia. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sin embargo, niega este extremo. Desde la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración aseguran que «lo primero que se hace cuando llegan a los Centros de Internamiento de Canarias es someterles a un reconocimiento médico».

Pese a que la ley lo prohíbe, los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia denuncian haber detectado «menores de edad en situación de desprotección que han sido trasladados a la ciudad de Valencia, vulnerándose así la legislación, ya que no son remitidos a los centros de protección pertinentes». El resposable de la sección de Extranjería del Colegio de Abogados de Valencia, Francisco Solans, «tiene constancia» de que la Policía trata como adultos a inmigrantes adolescentes, al «obviar» el margen de error de dos años que tienen las pruebas forenses de medición de articulaciones que se practican para determinar la edad.

Desinformación

La Ley de Extranjería fija unas condiciones para la expulsión de los menores. Una vez localizados, pasan a depender de los servicios sociales autonómicos en régimen de acogida como menores desamparados. Sólo en los supuestos de que vinieran acompañados de sus padres, que se logre localizar a su familia o el país de procedencia se haga cargo de ellos, se podría proceder a su expulsión.

En el informe, en el que se denuncia la «descoordinación total del Gobierno con los entes locales», se califica de «inhumano» el trato que el Ejecutivo central da a estos inmigrantes, «dejándolos totalmente desamparados en diferentes puntos de la ciudad», favoreciendo así «bolsas de marginación y pobreza» y abocando a muchas de estas personas a la «marginación, la prostitución y la explotación laboral».

El Ayuntamiento critica la desinformación de los extranjeros, quienes «han sido trasladados con un desconocimiento total de su situación administrativa», a pesar de la labor que se realiza en los centros de internamiento de Canarias. Pese a que poseen órdenes de expulsión, los «sin papeles» entienden que «tras su traslado a la Península se encuentran en situación legal normalizada». En otros casos muestran una gran «desorientación geográfica», desconocen dónde se encuentran y manifiestan que «Valencia no era el lugar de destino que habían solicitado».