La prostitución constituye uno de los mayores problemas sociales que tiene planteados España como consecuencia de la combinación de ilegalidad y inmigración que vive nuestro país. La industria del sexo compra amistades en prensa y en política.
Joseph Miró y Ardevol
Con 300.000 prostitutas, España se ha convertido en el mayor burdel de Europa, por encima de países como Alemania que casi nos doblan en población y, que a pesar del crecimiento registrado después de la legalización de 1992 se sitúa en las 200.000 prostitutas.
Suecia, después de su eficaz ley de prohibición y penalización al usuario con 8 millones de habitantes, no llega ni a las 500.
La prostitución española es un problema por dos razones fundamentales.
La primera, porque constituye un brutal estímulo al tráfico de mujeres. Más del 80% de las prostitutas son inmigrantes, que ejercen esta tarea forzadas, chantajeadas o simplemente por necesidad extrema. A más facilidad, mayor tráfico de mujeres.
También porque la dimensión del negocio y su rentabilidad superior al tráfico de drogas, ha convertido a este reino alegal en una enorme pelota financiera que se ramifica y busca complicidades en el mundo de los medios de comunicación y la política. Y las va consiguiendo.
O España termina con este cáncer o su sociedad quedará sujeta a una metástasis con el agravante que por debajo de los perfiles de aparente legalidad de los puticlubs se mezclan las tramas de delincuentes relacionados tanto con el tráfico de mujeres, como la droga y la delincuencia en general. Es en términos ecológicos el mejor hábitat para todos ellos.
A pesar de todo esto la hipocresía de la sociedad española, el hecho de que como mínimo cerca de un millón de hombres utilicen las prostitutas cada año, el predominio de éstos en los lugares de decisión, y el hecho anómalo que un feminismo mal entendido esté por la legalización -frente a otro feminismo consciente que postula su prohibición -bloquea cualquier medida práctica.
El PP nunca lo intentó y ahora el socialismo es el mejor ejemplo del caos.
El ministro Caldera pasa la pelota inadecuadamente, porque es una competencia de Código Penal, a las Comunidades Autónomas, y éstas, aún las gobernadas por el propio PSOE, toman caminos contradictorios.
Así mientras que en Cataluña la consejera de Interior promueve una ley para regularizar la prostitución en términos descaradamente favorables a las organizaciones del proxenetismo de guante blanco, la Junta de Extremadura se declara partidaria de su ilegalización. Es difícil encontrar en un partido de gobierno y ante un tema tan central, tanta contradicción e incapacidad al mismo tiempo.
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