El sistema jurídico español tiene un marco legal muy constrictivo con la prostitución pero no se cumple ni una de las recomendaciones de los Derechos de la Mujer
La reciente polémica suscitada por la prostitución presente en las calles de las grandes ciudades españolas como Barcelona, Madrid o Zaragoza está trayendo a debate la necesidad de reformular la legislación vigente. Pero, ¿se está aplicando realmente las leyes vigentes sobre la prostitución? ¿Se tienen en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas?
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que no es el momento para plantear una reforma legislativa sobre el tema, pero tampoco ha abordado el hecho de que España no aplica las normas que legislan esta actividad. Ya existe un informe de las Cortes –que aúna Senado y Congreso- en el que queda claro que en España ya existe una legislación sobre la prostitución que es constrictiva y que se fundamenta en el código penal modificado del año 1999 y que fue modificado a su vez en la Ley orgánica del 2003.
El informe está desarrollado por la Comisión Mixta de las Cortes que abordó la ley de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades y trata las tres modificaciones que han existido a la Ley que regula la prostitución: la del código penal de noviembre del 1995, la de la ley orgánica de septiembre del 2003 y la de la ley orgánica de abril de 1999 y que afecta al código penal.
A esta legislación habría que sumarle los acuerdos internacionales que al respecto consideraron los países de Naciones Unidas y los acordados en el Parlamento europeo. Todo ello proporciona un marco legal constrictivo para la prostitución; a pesar de que la prestación de servicios sexuales por parte de una mujer está aceptada y no está tipificado como delito si es absolutamente libre, todo el entorno que suele acompañar a esta actividad está intensamente penada (proxenetismo, maltrato, inmigración ilegal, tráfico ilegal de drogas, blanqueo de dinero, extorsión, etcétera).
¿De qué sirven las leyes que no se aplican?
Por lo tanto, España tiene un marco legislativo estricto con esta actividad, avalado a su vez por los organismos internacionales y que si se aplicara con precisión sería muy difícil que se pudiera dar. El problema es que no se aplica absolutamente ninguna de las leyes sobre prostitución y tampoco las recomendaciones de las altas instituciones internacionales.
El informe de las Cortes pone de relieve que existe una legislación precisa y productiva que no tiene su correlativo en la acción. Además esta Comisión hizo una serie de recomendaciones en la ponencia al Gobierno como por ejemplo que la Administración ratifique el convenio del Consejo europeo de mayo del 2005 contra la trata de seres humanos, que se realice una correcta aplicación de la legislación vigente, que se produzcan actuaciones que tengan como finalidad sensibilizar a la sociedad y que se preste una atención digna a las prostitutas y a las víctimas de la prostitución.
Con el informe se pretende “instar al Gobierno, tal como se ha acordado en sede parlamentaria, a elaborar un Plan Integral contra la explotación sexual que contemple medidas en los ámbitos judicial, social, educativo, policial y de inmigración”, tal y como afirma el propio dossier.
Entre otras recomendaciones también se sugiere tomar medidas policiales coherentes y a la altura de la dimensión del problema, impulsar la ley 19 de 1994 de protección de testimonios y peritos de los traumas que de la actividad puedan sucederse, perseguir la trata de mujeres, aplicar la resolución sobre la prostitución de la ONU y tratar de forma específica los delitos relacionados a explotación sexual creando departamentos específicos en las administraciones.
Sorprende que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no haya aplicado ninguna de las treinta medidas que recomienda la Comisión en el informe. Este inmovilismo ante un hecho tan grave y que coloca a la mujer en un estado de vulnerabilidad y denigración tan profundo es reprobable para un Gobierno y más uno que se autodenomina socialista.
Ante todo ello, las preguntas que caben hacerse son: ¿Qué hace un Ministerio que se llama de Igualdad? ¿En qué gasta sus esfuerzos un Ministerio de Justicia que coordina acciones vinculadas a la legalidad, un Ministerio de Interior que dirige los cuerpos de seguridad del Estado, un Gobierno, en definitiva, que no cumple ni una recomendación sobre el gran problema de la prostitución que afecta a algo tan básico como los Derechos Humanos de las personas?
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