Abortando a gogó se tituló un artículo de opinión del escritor Juan Manuel DE PRADA, en el diario ABC. Con lenguaje llano explica el fracaso de las políticas del Ministerio de Sanidad, que parece no perseguir la sanidad sino la mortandad.
EL número de abortos en España durante el año 2002 alcanzó los 77.125; por supuesto, en tan estremecedora cantidad no se incluyen los miles de abortos clandestinos que se perpetran en condiciones de pavorosa insalubridad, tampoco los que se consuman mediante prácticas no quirúrgicas, más asépticas pero igualmente criminales (ingestión de pildoritas embrionicidas, etc.). La cifra escueta, que casi se ha duplicado en un plazo de apenas diez años, ha sido facilitada por el Ministerio de Sanidad, sin glosas que ayuden a entender la magnitud del horror. Juan Fernández-Cuesta, en la información que ayer publicaba ABC, tampoco se decidía a explicar la frialdad de los datos, aunque en algún pasaje de su artículo vinculaba el aumento de los abortos con el fenómeno de la inmigración, resaltando que son las regiones receptoras de mano de obra extranjera las que más decididamente se emplean en este holocausto silencioso. Pero, como el propio Fernández-Cuesta concluía, resulta un tanto inverosímil (amén de cínico) atribuir a los inmigrantes el aumento de nuestra raquítica tasa de natalidad, a la vez que les endosamos la responsabilidad de esta mortandad vergonzante. Quizá dicha asociación resultara plausible si los inmigrantes hubieran duplicado la población española en los últimos años, como se ha duplicado la cifra de abortos; pero la desproporción entre ambas variables nos obliga a buscar otras razones más profundas.
No nos engañemos. Si en España se aborta cada vez con mayor desparpajo y alegría es porque se está imponiendo una aceptación casi unánime -subrepticia si se quiere, pero de una amoralidad rampante- de lo que, si mis estudios jurídicos no me engañan, sigue siendo un crimen tipificado y sancionado por nuestro Código Penal. Esta anuencia sorda, esta complicidad tácita con el delito, delata la propagación de una enfermedad social de muy difícil remedio, sobre todo si consideramos que son las mujeres más jóvenes las que más resueltamente abortan. Aquí nos topamos con una paradoja que debiera preocupar a nuestras autoridades educativas, pues estas mujeres jóvenes son las destinatarias de esas campañas del póntelo-pónselo y demás variantes del sexo profiláctico con las que se pretendía disminuir el número de embarazos indeseados. A la postre, se ha demostrado que dichas campañas sólo han servido para que la calamidad que se aspiraba a combatir se haya extendido con mayor brío y más sombríos efectos. Pues dichas campañas, lejos de encauzar el instinto sexual de nuestros jóvenes hacia territorios de asumida responsabilidad, lo acicatean insensatamente, al reducirlo a un puro ejercicio lúdico, trivial, casi autista, despojado de hondas implicaciones, en el que no tiene cabida el conflicto de conciencia. Si aceptamos que follar es una práctica hedonista, liberada de trabas afectivas o implicaciones éticas, sólo sometida al empleo de determinados adminículos que la autoridad suministra risueñamente, no debe sorprendernos que, cuando los adminículos faltan o fallan, los damnificados se nieguen también risueñamente a asumir las consecuencias de su desliz; a fin de cuentas, no hacen sino prolongar la aplicación de las enseñanzas que recibieron. Así, abortar -como follar- se convierte en una práctica banal, rutinaria, extirpada de imperativos morales.
Por supuesto, emitir una verdad tan empírica e incontrovertible nos convierte en apestados (quien lo probó lo sabe), pues la perversión social imperante exige que transijamos con el aborto, como si de un remedio benéfico se tratase, o siquiera como un mal menor que evita desgracias más desgarradoras. Pero uno sabe que la verdad, tan molesta e intransigente, le hace libre; también lo condena a la soledad y el ostracismo, pero uno siempre ha cultivado cierta vocación eremítica.
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