viernes, 10 de diciembre de 2010

La ONU y la IPPF patrocinan campaña para despenalizar transmisión deliberada del VIH


By Terrence McKeegan, J.D.   Tyler Ament

NUEVA YORK, 10 de diciembre (C-FAM) Una nueva campaña busca dejar sin efecto las leyes que obligan a las personas con VIH a informar a sus parejas sexuales sobre su infección potencialmente mortal.
La campaña está encabezada por la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés) y ONUSIDA, grupo que aglutina una serie de organismos de las Naciones Unidas. Cualquier reconocimiento del peligro que representa para las posibles víctimas la negación deliberada a revelar la condición de portador de VIH brilla por su ausencia.
Como parte de la campaña, la IPPF publicó una colección de entrevistas titulada “Behind Bars” («Tras las rejas»), en la que se insinúa que esta clase de legislación penal exacerba el estigma que padecen de las personas con VIH. Los proponentes de la penalización aseguran que estas leyes están diseñadas para ayudar a proteger a las parejas sexuales, previniéndolas de contraer un virus potencialmente fatal.
Algunos testimonios de los entrevistados en «Behind Bars» contradicen directamente las afirmaciones de la IPPF. Un médico egipcio afirma que tanto el comportamiento irresponsable que resulta en un accidente de tránsito como el no revelar que se es portador de VIH antes de involucrarse en una actividad sexual merecen ser sancionados: «Del mismo modo, si alguien que sabe que es VIH positivo es imprudente y simplemente permite que mi hijo o mi hija se contagie de VIH, sentiría lo mismo». 
«Tras las rejas» es parte de una campaña mayor de la IPPF («Penalizar el odio, no el VIH») lanzada en julio durante la Conferencia Internacional sobre Sida, en Viena. Según la Federación, las leyes de transmisión deliberada del VIH a otra persona son estigmatizantes, muy costosas, y constituyen obstáculos para la prevención. El vídeo de promoción de la campaña presenta diversas escenas sexuales. La filmación parece promover las relaciones íntimas entre homosexuales, el consumo de drogas y la prostitución, los cuales son enumerados por  Center for Disease Control (Centro para el Control de las Enfermedades) como tres de los comportamientos más riesgosos responsables de la transmisión del VIH. 
«Esto demuestra claramente que la IPPF cree que el sexo ilícito es más importante que la vida en sí misma – y quieren poner en riesgo la vida de otras personas para hacer avanzar su agenda sexual», dijo Wendy Wright, presidente de Concerned Women for America.
ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud patrocinaron la Conferencia Internacional sobre Sida de este año. La IPPF y ONUSIDA colaboraron en el patrocinio del Índice de Estigma, cuyo sitio web contiene una sección principal que demanda la despenalización de la transmisión del VIH. 
La IPPF sostiene: «la campaña de penalización de la transmisión deliberada del VIH está resultando ser una intervención costosa – en términos del tiempo y el dinero invertidos para investigar la vida privada de los individuos y para determinar el peso de la prueba – y parece haber tenido un impacto limitado en la prevención del VIH».
Sin embargo, Wendy Wright dijo a Friday Fax que los costos de implementación de las leyes son pequeños en comparación con los asociados al VIH/SIDA.
En marzo, la IPPF puso a disposición su guía sexual [EXPLÍCITA] «Feliz, fuerte y fabulos» durante una reunión patrocinada por las Niñas Exploradoras. El panfleto reza: «Algunos países tienen leyes que violan el derecho de la gente joven que vive con el VIH a decidir si revelar o no su situación»; «Estas leyes violan los derechos de las personas jóvenes que viven con el VIH al forzarlas a revelar su situación o enfrentar la posibilidad de cargos penales».
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano





Comite Independiente AntiSida

Activistas homosexuales lanzan guía para hacer realidad sus «derechos»


By Samantha Singson

NUEVA YORK, 10 de diciembre (C-FAM) Activistas homosexuales recientemente lanzaron un «conjunto de herramientas» en el que se perfilan métodos para promover un polémico documento que asegura que los Estados tienen la obligación legal de hacer realidad los «derechos» a la adopción por gays, a las tecnologías reproductivas y a los cambios de sexo financiados por el Estado. 
Los Principios de Yogyakarta, redactados en 2007 por un grupo selecto de «especialistas» en derechos humanos (entre ellos, relatores especiales de la ONU y miembros de órganos creados en virtud de tratados), proponen reinterpretaciones de derechos humanos consolidados, para incluir derechos especiales en favor de los homosexuales.  
Los Principios vigentes degradan derechos tradicionales como los de libertad de expresión y libertad de culto al afirmar que entran en conflicto con «los derechos y libertades de las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género». 
Sus proponentes insisten en que los Principios de Yogyakarta no son simplemente una «lista de anhelos» y sostienen que el nuevo conjunto de herramientas es un poderoso documento de defensa que puede «equipar a la comunidad a fin de que use las leyes internacionales de derechos humanos en su ámbito nacional — de otro modo, existe una gran separación entre el mundo de la legislación internacional de derechos humanos y el mundo de la defensa o el activismo de base».
Las nuevas herramientas, en las que se afirma que «Cada uno de los rebatimientos legales exitosos llevados ante el tribunal superior de cualquier país a partir del 2005 ha hecho alguna referencia a los Principios de Yogyakarta», consisten en una guía del activista y un nuevo sitio web que rastrea los lugares donde los militantes utilizaron los Principios en causas judiciales.
El cibersitio presenta una lista de citas en fallos judiciales. Particularmente, menciona un documento reciente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en el que se afirma que la «identidad de género» y la «orientación sexual» son nuevas categorías de no discriminación, aseveración a la que se opone la mayoría de los Estados Miembros de la ONU. 
Los conservadores temen que los activistas utilicen estas referencias para argumentar que existe un nuevo «consenso internacional» sobre los derechos homosexuales y que presionen a los países para que modifiquen sus leyes y sus políticas. 
Piero Tozzi, asesor jurídico senior de la agrupación mundial Alliance Defense Fund, enfatiza que las múltiples citas de los Principios de Yogyakarta no implican la existencia de una nueva normativa internacional. Tozzi explica que el derecho internacional consuetudinario no se genera por mera repetición, sino que se desarrolla a partir de la práctica «general y persistente» de los Estados que se sigue de un sentido de obligación en el transcurso de un largo período.
Asimismo, añade que el derecho internacional «no es un recipiente vacío en el que puede verterse contenido políticamente correcto en la actualidad y calificarse de "consuetudinario”».
Mientras que en las herramientas se insinúa que la ONU ha demostrado mayor aceptación de los Principios de Yogyakarta, las delegaciones oponen resistencia cada vez que aparecen términos relacionados con estos principios en documentos de la ONU. El mes pasado, tras manifestar su inquietud ante la falta de definición del término, los delegados lucharon exitosamente para eliminar la expresión «orientación sexual» presente en una resolución, porque temían que luego fuera utilizada para impulsar «agendas controvertidas».  
A pesar de este logro, los delegados prevén que habrá nuevos intentos de hacer referencia a los Principios de Yogyakarta en próximas reuniones de las Naciones Unidas, particularmente en la conducente a la Reunión de Alto Nivel sobre VIH/SIDA programada por la ONU para el próximo verano boreal.
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano