By Samantha Singson
NUEVA YORK, 10 de diciembre (C-FAM) Activistas homosexuales recientemente lanzaron un «conjunto de herramientas» en el que se perfilan métodos para promover un polémico documento que asegura que los Estados tienen la obligación legal de hacer realidad los «derechos» a la adopción por gays, a las tecnologías reproductivas y a los cambios de sexo financiados por el Estado.
Los Principios de Yogyakarta, redactados en 2007 por un grupo selecto de «especialistas» en derechos humanos (entre ellos, relatores especiales de la ONU y miembros de órganos creados en virtud de tratados), proponen reinterpretaciones de derechos humanos consolidados, para incluir derechos especiales en favor de los homosexuales.
Los Principios vigentes degradan derechos tradicionales como los de libertad de expresión y libertad de culto al afirmar que entran en conflicto con «los derechos y libertades de las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género».
Sus proponentes insisten en que los Principios de Yogyakarta no son simplemente una «lista de anhelos» y sostienen que el nuevo conjunto de herramientas es un poderoso documento de defensa que puede «equipar a la comunidad a fin de que use las leyes internacionales de derechos humanos en su ámbito nacional — de otro modo, existe una gran separación entre el mundo de la legislación internacional de derechos humanos y el mundo de la defensa o el activismo de base».
Las nuevas herramientas, en las que se afirma que «Cada uno de los rebatimientos legales exitosos llevados ante el tribunal superior de cualquier país a partir del 2005 ha hecho alguna referencia a los Principios de Yogyakarta», consisten en una guía del activista y un nuevo sitio web que rastrea los lugares donde los militantes utilizaron los Principios en causas judiciales.
El cibersitio presenta una lista de citas en fallos judiciales. Particularmente, menciona un documento reciente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en el que se afirma que la «identidad de género» y la «orientación sexual» son nuevas categorías de no discriminación, aseveración a la que se opone la mayoría de los Estados Miembros de la ONU.
Los conservadores temen que los activistas utilicen estas referencias para argumentar que existe un nuevo «consenso internacional» sobre los derechos homosexuales y que presionen a los países para que modifiquen sus leyes y sus políticas.
Piero Tozzi, asesor jurídico senior de la agrupación mundial Alliance Defense Fund, enfatiza que las múltiples citas de los Principios de Yogyakarta no implican la existencia de una nueva normativa internacional. Tozzi explica que el derecho internacional consuetudinario no se genera por mera repetición, sino que se desarrolla a partir de la práctica «general y persistente» de los Estados que se sigue de un sentido de obligación en el transcurso de un largo período.
Asimismo, añade que el derecho internacional «no es un recipiente vacío en el que puede verterse contenido políticamente correcto en la actualidad y calificarse de "consuetudinario”».
Mientras que en las herramientas se insinúa que la ONU ha demostrado mayor aceptación de los Principios de Yogyakarta, las delegaciones oponen resistencia cada vez que aparecen términos relacionados con estos principios en documentos de la ONU. El mes pasado, tras manifestar su inquietud ante la falta de definición del término, los delegados lucharon exitosamente para eliminar la expresión «orientación sexual» presente en una resolución, porque temían que luego fuera utilizada para impulsar «agendas controvertidas».
A pesar de este logro, los delegados prevén que habrá nuevos intentos de hacer referencia a los Principios de Yogyakarta en próximas reuniones de las Naciones Unidas, particularmente en la conducente a la Reunión de Alto Nivel sobre VIH/SIDA programada por la ONU para el próximo verano boreal.
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano
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