El 4 de febrero de 2008, el doctor Fernando Orrego, de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, se refería al informe International Family Planning Perspectives de 1999 del Guttmacher Institute, una entidad abortista y partidaria de los anticonceptivos. El citado informe analizó 25 estudios con 1151 personas sin VIH que mantenían una relación exclusiva con una pareja seropositiva. El doctor Orrego extraía del citado informe unas conclusiones que posiblemente le habrían acarreado en España ser acusado sin más de un atentado contra la salud pública. Copio:
“De esta relación se calcula una efectividad promedio de los preservativos de 86,6%, cifra que está lejos de un 100% de efectividad. Estos datos fueron obtenidos de estudios controlados en los que se entrenaron a las personas en el uso “correcto” del preservativo y se les proporcionó preservativos de óptima calidad. En cambio, en el mundo real, en que hay muchas más fallas de los usuarios o de los preservativos, se acepta que la efectividad de estos es bastante menor.”
Frente a estos datos científicos, hay Gobiernos como el español que insisten en sostener que el preservativo es la panacea en la lucha contra el SIDA, y que su eficacia es total en la prevención de contagios de esa enfermedad. En resumen, que Gobiernos como el nuestro mienten a los ciudadanos, atribuyendo a los profilácticos una eficacia de la que carecen y dando a quienes los usan una sensación de falsa seguridad, lo cual en un ambiente de promiscuidad sexual -como el que ha promovido el PSOE propiciando una idea totalmente irresponsable de la sexualidad- puede convertirse en una gran fuente de contagios.
El pasado mes de marzo, sin ir más lejos, Jesús Santos, médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de Málaga, comentaba sobre el SIDA que “se ha perdido el miedo a la enfermedad”. En una década, en esa provincia los nuevos contagios de SIDA por vía sexual han pasado del 40% al 90% de los casos, y eso con las machaconas campañas a favor del uso de condones, que además han disparado los embarazos inesperados como ya apunté aquí en diciembre.
Lo más sorprendente es que estas campañas que informan mal y promueven una sexualidad irresponsable, lo cual sí que es un daño contra la salud pública, son promovidas por Gobiernos como el nuestro que después aún tienen la cara de acusar de esos daños a quienes alertan de las consecuencias negativas que están teniendo esas campañas no sólo en lo que respecta a contagios de SIDA, sino también en el aumento de los embarazos inesperados.
El pasado día 11, sin ir más lejos, el Arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, alertó de estos hechos al tiempo que denunciaba la hipocresía de las campañas del preservativo en África, donde en Ghana, por ejemplo, mueren todos los días “niños deshidratados a causa de una simple colitis, por falta de suero fisiológico”, en medio de una abundancia de “cajas y cajas de preservativos que ciertas compañías americanas y europeas les enviaban gratis, hasta no saber qué hacer con ellos”. Monseñor Martínez iba más allá en su denuncia y afirmaba:
“¿Quiénes, qué poderes y qué industrias, se benefician de la despoblación de África, y piensan ya sin duda en los futuros beneficios de sus inmensas riquezas y reservas naturales?”
Por lo que parece, deben ser los mismos que financian las campañas electorales de ciertos partidos políticos. Sólo así se entiende que la Ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, haya acusado a Monseñor Martínez de “atentar contra la salud pública”, una calumnia que obvia que el Art. 359 y ss. del Código Penal no tipifica por ninguna parte delito alguno contra la salud pública que se corresponda con las declaraciones del Arzobispo. ¿Será que el Gobierno pretende instaurar el delito de opinión, como en la dictadura, promoviendo la persecución contra quienes discrepen de los dogmas ideológicos del PSOE?
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